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11 agosto 2015

Siete claves para entender la Ley de la Infancia y la Adolescencia

El sistema de adopciones, la regulación de los centros de menores, o el papel de los niños en los procedimientos judiciales y su protección frente a la violencia de género ejercida contra sus madres son solo alguna de las normativas modificadas con la flamante Ley de la Infancia y de la Adolescencia, que entra en vigor hoy 11 de agosto. En realidad se trata, según Salomé Adroher, directora general de Servicios de Familia del Ministerio de Sanidad «de dos leyes mellizas, que regulan a su vez 19 leyes, altamente consensuadas por todos los partidos políticos». Es también «la primera Ley del mundo que recoge las orientaciones que el Comité Internacional de los Derechos del Niño realiza en cuanto a los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia», añade Jorge Cardona, miembro del Comité Internacional de los Derechos del niño.
Estas son las siete claves para entender los principales puntos de la norma:
1. Respuesta institucional ante casos de abandono o desamparo: Los proyectos reforman en profundidad la respuesta institucional al abandono o desamparo pues en la actualidad, hay 35.000 menores tutelados por las administraciones, 13.400 de ellos en centros de acogida, conforme explica el Ministerio de Sanidad.
—Se dará prioridad al acogimiento familiar por encima del residencial, lo que será preceptivo en caso de menores de 3 años, y ya no se requerirá intervención judicial. Estas familias recibirán valoraciones de idoneidad, como ya ocurre con las adoptantes, y responderán al Estatuto del Acogedor Familiar, donde se recogerán sus derechos y obligaciones. En todos los casos, será preceptivo un Plan Individual de atención que se revisará periódicamente.
—Se definen tres tipos de acogimiento familiar: De urgencia (para menores de 6 años con una duración no superior a 6 meses), Temporal (máximo dos años y se resolverá si el menor vuelve con sus padres o se decide una medida más estable, como la adopción) y Permanente (se constituirá pasados los dos años de acogimiento temporal y tendrá lugar cuando no sea posible la reintegración familiar o en casos de menores con necesidades especiales, si las circunstancias lo aconsejan).
Por CF

17 abril 2015

La REFORMA WERT, bajo la lupa de la universidad católica

Pese a las críticas casi unánimes de la oposición, el Gobierno aprobó el 30 de enero, a través de un real decreto, la reforma universitaria con la que el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, pone el acelerador al Plan Bolonia. Así, tras una breve transición en la que las licenciaturas universitarias (en su mayoría de cinco años) dieron paso a los grados (de cuatro, pudiendo completarse con un máster de un curso), ahora se da vía libre a que las universidades que así lo deseen puedan impulsar desde el próximo curso el conocido como 3+2 (tres años de grado y dos de máster).
Para unos, favorece “el paso a una universidad de élites, donde solo los alumnos con más recursos podrán culminar su formación con más títulos de formación superior”. Para otros, “permite una mas rápida incorporación de los estudiantes al mercado laboral, ya con su grado terminado”.
Con el fin de pulsar su opinión, Vida Nueva se ha dirigido a los rectores de las 15 universidades católicas que hay en nuestro país (tanto las de derecho canónico como aquellas que incorporan el ideario cristiano a su identidad, siendo autónomas de la autoridad eclesial), plateándoles una pregunta para conocer su valoración. De las respuestas ofrecidas por los 12 que han respondido al mismo (11 rectores y un vicerrector) se extrae una gran conclusión: al igual que existe una división en la sociedad y en la comunidad académica, la reforma es vista con muchos claroscuros en la universidad católica.
Así, entre los argumentos más positivos para muchos rectores, está la constatación de que se favorece una mayor autonomía para las universidades, que, entienden, conllevará una mayor internacionalización, lo que hará que puedan venir aquí más estudiantes extranjeros y se facilite la movilidad de los nuestros fuera.
Por Miguel Ángel Malavia

10 abril 2015

España: legalizando las violaciones de los derechos humanos

La semana pasada, el Parlamento español aprobó una ley que permite la expulsión inmediata de los migrantes irregulares en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África. El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de España están profundamente preocupados porque la ausencia de garantías facilitará la 'devolución en caliente" de personas necesitadas de protección. El JRS pide a la Comisión Europea que investigue a fondo las implicaciones que la nueva legislación pueda tener en los derechos humanos.
La nueva ley española estipula que los migrantes que sean detenidos en las fronteras de Ceuta y Melilla podrán ser devueltos inmediatamente "con el fin de impedir la inmigración ilegal en España". La falta de garantías en este procedimiento supone que el uso de una  fuerza desproporcionada por parte de la guardia fronteriza española a la hora de expulsar a los migrantes es probable que quede sin control. Estas políticas no tienen en cuenta ningún tipo de necesidad de protección de los migrantes afectados.
Aunque la ley dice que los rechazos fronterizos se llevarán a cabo conforme a las normas internacionales de derechos humanos, no dice cómo lo va a hacer en la práctica.
"Esta nueva ley no contiene ninguna garantía específica de que se respetarán los derechos de las personas que necesitan protección", apunta Stefan Kessler, responsable de políticas del JRS Europa.

27 junio 2012

Estados Unidos: la Iglesia por el derecho a la inmigración

« Los obispos católicos en todo el país urgirán a los gobiernos estatales a no aprobar leyes como la de Arizona, pero si buscar reformas compasivas a nivel federal». Esta es la declaración que formuló el arzobispo José H. Gómez de Los Ángeles y director de la Comisión para la inmigración de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.

Los obispos encontraron esperanza en la decisión del caso de Arizona vs. Estados Unidos y expresaron que refleja el llamado de los obispos a considerar leyes inmigratorias compasivas y justas, y su preocupación por leyes que provocan la separación familiar. Su cautela se centra en permitir la ejecución de un mandato que obliga a inmigrantes a mostrar sus documentos migratorios en algunas circunstancias.  El Arzobispo Gómez urgió a los gobiernos estatales a no apresurarse a aprobar leyes similares a SB 1070 y urgió al Congreso a asumir su responsabilidad y aprobar una reforma migratoria integral. El enfatizó que la iglesia católica en Estados Unidos continuará su lucha por una reforma compasiva y justa al sistema de inmigración del país.
 
«El cumplimiento de leyes de manera compasiva es parte de cualquier solución, pero el cumplimiento por si mismo, administrado injustamente, solo conlleva a abusos y separaciones familiares.», indicó el arzobispo de Los Ángeles. Con un llamado para que el tema de la inmigración pueda encontrar una solución normativa a nivel federal, la declaración concluye con el compromiso solemne que « La iglesia continuara amparando a los inmigrantes y sus familias y buscando justicia para ellos», dijo Monseñor Gómez, para dar  voz a los que no la tienen. 
 

07 febrero 2012

El Constitucional declara “ilegítimo” el uso de cámara oculta

El Tribunal Constitucional dictó ayer una sentencia que puede suponer el adiós al uso de la cámara oculta en el ámbito periodístico. La sala primera del alto tribunal considera “ilegítimo” el uso de estos dispositivos y los declara constitucionalmente prohibidos, aun cuando la información que se obtenga con ellos sea de relevancia pública. La utilización de estas cámaras, dice, se basa en un “engaño o ardid” que el periodista despliega simulando una identidad oportuna según el contexto, para provocar y registrar “subrepticiamente” declaraciones que quizá no hubiera logrado al presentarse con su verdadera identidad. Para el Constitucional, el carácter oculto de esa técnica de investigación periodística supone una vulneración del derecho a la propia imagen y a la intimidad personal. Una decisión “grave” para los profesionales, que alertan de su repercusión en el periodismo de investigación de calidad.
Foto: Cristóbal Manuel