Pese a las críticas casi unánimes de la oposición, el Gobierno aprobó el 30 de enero, a través de un real decreto, la reforma universitaria
con la que el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, pone
el acelerador al Plan Bolonia. Así, tras una breve transición en la que
las licenciaturas universitarias (en su mayoría de cinco años) dieron
paso a los grados (de cuatro, pudiendo completarse con un máster de un
curso), ahora se da vía libre a que las universidades que así lo deseen
puedan impulsar desde el próximo curso el conocido como 3+2 (tres años de grado y dos de máster).
Para unos, favorece “el paso a una universidad de élites, donde solo los alumnos con más recursos podrán culminar su formación con más títulos de formación superior”. Para otros, “permite una mas rápida incorporación de los estudiantes al mercado laboral, ya con su grado terminado”.
Con el fin de pulsar su opinión, Vida Nueva se ha dirigido a los rectores de las 15 universidades católicas que hay en nuestro país
(tanto las de derecho canónico como aquellas que incorporan el ideario
cristiano a su identidad, siendo autónomas de la autoridad eclesial),
plateándoles una pregunta para conocer su valoración. De las respuestas
ofrecidas por los 12 que han respondido al mismo (11 rectores y un
vicerrector) se extrae una gran conclusión: al igual que existe una
división en la sociedad y en la comunidad académica, la reforma es vista con muchos claroscuros en la universidad católica.
Así, entre los argumentos más positivos para muchos rectores,
está la constatación de que se favorece una mayor autonomía para las
universidades, que, entienden, conllevará una mayor
internacionalización, lo que hará que puedan venir aquí más estudiantes
extranjeros y se facilite la movilidad de los nuestros fuera.
Por Miguel Ángel Malavia
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