La semana pasada, el Parlamento español aprobó una ley que permite la expulsión inmediata de los migrantes irregulares en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África. El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de España están profundamente preocupados porque la ausencia de garantías facilitará la 'devolución en caliente" de personas necesitadas de protección. El JRS pide a la Comisión Europea que investigue a fondo las implicaciones que la nueva legislación pueda tener en los derechos humanos.
La nueva ley española estipula que los migrantes que sean detenidos en las fronteras de Ceuta y Melilla podrán ser devueltos inmediatamente "con el fin de impedir la inmigración ilegal en España". La falta de garantías en este procedimiento supone que el uso de una fuerza desproporcionada por parte de la guardia fronteriza española a la hora de expulsar a los migrantes es probable que quede sin control. Estas políticas no tienen en cuenta ningún tipo de necesidad de protección de los migrantes afectados.
Aunque la ley dice que los rechazos fronterizos se llevarán a cabo conforme a las normas internacionales de derechos humanos, no dice cómo lo va a hacer en la práctica.
"Esta nueva ley no contiene ninguna garantía específica de que se respetarán los derechos de las personas que necesitan protección", apunta Stefan Kessler, responsable de políticas del JRS Europa.
La nueva ley española estipula que los migrantes que sean detenidos en las fronteras de Ceuta y Melilla podrán ser devueltos inmediatamente "con el fin de impedir la inmigración ilegal en España". La falta de garantías en este procedimiento supone que el uso de una fuerza desproporcionada por parte de la guardia fronteriza española a la hora de expulsar a los migrantes es probable que quede sin control. Estas políticas no tienen en cuenta ningún tipo de necesidad de protección de los migrantes afectados.
Aunque la ley dice que los rechazos fronterizos se llevarán a cabo conforme a las normas internacionales de derechos humanos, no dice cómo lo va a hacer en la práctica.
"Esta nueva ley no contiene ninguna garantía específica de que se respetarán los derechos de las personas que necesitan protección", apunta Stefan Kessler, responsable de políticas del JRS Europa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario