“Aquí no hay explotación como en otras fábricas de textil. Todo el dinero lo repartimos entre los trabajadores”. La frase suena extraña entre el traqueteo rítmico de las máquinas de coser. Las condiciones laborales en el sector textil han estado durante décadas en el punto de mira de consumidores concienciados y activistas y muy especialmente durante el último año después de que un edificio de ocho plantas que albergaba varios talleres se desplomara en Bangladesh y matara a más de 1130 trabajadores. El derrumbe puso en evidencia la dantesca cadena de producción del sector textil que escudriña el planeta en busca de los países más baratos en los que fabricar las prendas. Pero en Try Arm, una pequeña fábrica de textil situada a las afueras de Bangkok, Tailandia, aseguran que hay otro camino. “Todas somos dueñas de la fábrica. Hay coordinadoras, pero todas somos iguales”, explica Jittra Cotchadet, una de esas coordinadoras.
Tailandia fue, una vez, uno de esos países codiciados por la industria textil. En los años 80 el gobierno se embarcó en un programa de industrialización, que impulsó en un primer momento los sectores poco cualificados como el textil o la alimentación. El país se llenó de fábricas y Tailandia se convirtió en uno de los principales exportadores de ropa a países occidentales. Sin embargo, el aumento de salarios de los últimos años ha ahuyentado a la industria textil, que se ha trasladado a países vecinos más baratos como Camboya, Myanmar o el propio Bangladesh. Las que se han quedado han sustituido a los trabajadores locales por otros procedentes de esos mismos países pobres, principalmente Myanmar.
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