“Los obispos son conscientes de que más pronto que
tarde algún Gobierno va a pedir renegociar los privilegios que España
concede al Estado vaticano”, leemos en la edición digital de El País el 30 de diciembre de 2014.
La cuestión no es nueva. Sabemos que partidos políticos como el PSOE,
Izquierda Unida y el recién creado Podemos incluyen en sus líneas de
acción la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado del año 1979
(coloquialmente conocidos como el Concordato).
Es este asunto llaman la atención algunas cosas. Lo primero es que en
quienes proponen la denuncia del Concordato se percibe la
identificación de éste con “los privilegios que España concede a la
Iglesia” cuando en realidad como sabemos, pudiendo haber algo de eso, es
mucho más: son unos acuerdos que regulan importantes aspectos que
tienen que ver con la presencia de la Iglesia Católica en la sociedad
española (empezando por el reconocimiento civil de las entidades
eclesiásticas). Lo segundo es que no se pide una revisión y
actualización de esos Acuerdos, sino, directamente su denuncia, es
decir, su supresión.
Por José Eizaguirre
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