No es ningún descubrimiento decir que el futuro de un país está hoy en las aulas de colegios, centros formativos y universidades. El futuro está en la educación, tan vilipendiada y sujeta a disputas entre formaciones políticas con un quita y pon que suma ya siete cambios legislativos. El último, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada por el Gobierno del Partido Popular y que, una vez más, ha nacido sin consenso y sin resolver problemas fundamentales.
Aunque el objetivo de la nueva legislación es loable y algunas de sus medidas necesarias, también lo es que haberla aprobado con el solo apoyo del partido que sustenta el Gobierno hipoteca su continuidad en el tiempo. De hecho, casi todas las fuerzas políticas se han comprometido a derogarla en cuanto puedan. Una oportunidad perdida para, de una vez por todas, remar todos en la misma dirección en una cuestión capital. Esta circunstancia explica en cierta medida la premura del Ministerio de Educación, liderado por José Ignacio Wert, en su implantación, que ha provocado que se haya hecho de una manera precipitada, como denuncian en estas páginas Escuelas Católicas o los padres de los alumnos. Una oportunidad perdida, una vez más, para haber hecho una ley inmune a los vaivenes electorales, a la sana alternancia en el poder. Quizá este acuerdo debería ser una de las primeras medidas de la tan manoseada –tan solo de palabra– regeneración política.
Editorial de Vida Nueva
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