Hemos visto la imagen hasta la saciedad. Un ciudadano subsahariano, tras saltar la valla de Melilla, se choca en territorio español con los agentes de la Guardia Civil. Estos le atrapan, le engrilletan, no intercambian palabras con él, abren una pequeña puerta: vuelta a Marruecos. Esta actuación era ilegal antes de la Ley de Seguridad Ciudadana con la que el Gobierno pretendía ampararla, y continuará siéndolo tras su aprobación, según los expertos consultados.
La Ley de Seguridad Ciudadana incluye una nueva figura llamada "el rechazo en frontera" que, aunque pretendía regular las devoluciones ilegales que viene efectuando la Guardia Civil desde hace años, no lo ha conseguido. La clave, apuntan los expertos, reside en la retirada de la referencia a las expulsiones "en grupo" (claramente irregulares) y en una frase incluida a última hora en la normativa: "podrán ser rechazados (…) siempre que se realice respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte". A su vez, la ambigüedad generada en la norma podría evitar probables sanciones de la UE o la posible inconstitucionalidad de la ley.
Por Gabriela Sánchez
