A poco más de un mes de las vacaciones escolares, esperemos que abrir
los comedores en verano no sea la mejor solución que les ocurra a
nuestros gobernantes para abordar el problema de la pobreza infantil.
Tampoco sería la solución que sus familias esperen las colas de reparto
de alimentos del Fondo europeo de ayuda para los necesitados (FEAD). Las
medidas que se han tomado hasta el momento para atender a la pobreza
infantil cosifican y estigmatizan a los niños y niñas españolas,
simplificando sus necesidades sociales, además de haberse demostrado su
ineficacia para corregir las vergonzantes cifras alcanzadas. Ocupamos
los primeros puestos de Europa de pobreza infantil (solo detrás de
Rumanía y Bulgaria): 1 de cada 3 de los niños y niñas españoles están en
situación de riesgo de pobreza y exclusión social (27,5%), cifra que se
dobla si pensamos en familias numerosas o en familias monoparentales y
monomarentales, como advierte Unicef en su informe 2014 La infancia en
España.
Es por ello que es necesario garantizar un Pacto de Estado por la infancia,
que implique la puesta en marcha de medidas específicas transversales.
Es fundamental una buena política de garantía de Rentas Mínimas a las
familias y el reconocimiento constitucional de los Servicios Sociales como derecho fundamental, además de la articulación de una Ley Marco de Servicios Sociales.
Muchos profesionales hemos detectado indicadores de riesgo
nutricional, emocional y educacional de la infancia desde los centros de
salud, los centros educativos y los centros de servicios sociales.
Mientras, se ponían en marcha todo tipo de recortes sociales en
prestaciones destinadas a familias con necesidad social, así como de las
ayudas para material escolar o becas comedor.
Por Ana Lima
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