El pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados aprobó un nuevo proyecto de reforma del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable
para los delitos de terrorismo, magnicidio, asesinato de menores o
discapacitados, y en aquellos producidos tras una agresión sexual.
Su ejecución, de mantenerse el texto inicial del proyecto legislativo, consistirá en que el penado habrá de cumplir una pena privativa de libertad mínima de entre 25 y 35 años, revisándose después su puesta en libertad si concurrieran una serie de requisitos.
Justicia y Paz, una de las instituciones que más ha
alzado la voz en contra de esta reforma del Código Penal a través
comunicados, actos públicos y jornadas de debate, considera que “por
principios, se trata de una pena cruel, inhumana, degradante, innecesaria, inconstitucional y, en consecuencia, inmoral”, según Eduard Ibáñez, director de Justicia y Paz Cataluña. “Supone renunciar a la reinserción, al privar a una persona de libertad para siempre”.
Por María Pérez
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