Hace casi cincuenta años, Martin Luther King Jr. escribió su famosa Carta desde la prisión de Birmingham,
un clásico de la literatura contemporánea y un aldabonazo a la
conciencia de sus lectores. Allí decía el líder del movimiento de los
derechos civiles: “Una ley injusta es una norma por la que un grupo
numéricamente superior o más fuerte obliga a obedecer a una minoría pero
sin que rija para él. Esto equivale a la legalización de la
diferencia”.
He recordado este texto ahora que la votación en el Congreso de los
Diputados del Real Decreto-Ley 26/2012 que, pretendiendo garantizar la
sostenibilidad del sistema nacional de salud, introduce una serie de
medidas que legalizan la diferencia, consagran la discriminación y
fomentan la fractura social. Al menos 160.000 personas quedarán fuera de
la atención sanitaria normalizada, por el mero hecho de ser migrantes
en situación irregular (no son “turistas sanitarios”, sino “residentes
de facto”). Además de violar un derecho básico y universal como es el de
la salud, además de introducir serios problemas de salud pública,
además de ser ineficiente desde el punto de vista económico, la medida
presenta graves dificultades desde la perspectiva ética.
Por Daniel Izuzquiza sj
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