Periódicamente aparecen hechos o sentencias que vuelven a plantear los variados conflictos entre los niños, la educación, los padres y el Derecho. Unas veces, porque se considera que los padres se han excedido en sus castigos, como en el reciente caso de la adolescente de Baeza; otras, porque se autoriza a que las adolescentes puedan abortar sin necesidad de contar con sus padres; otras, porque entran en conflicto las competencias educativas de los padres y del Estado; otras, en fin, porque sucesos terribles conmueven a la ciudadanía, que reclama un endurecimiento de las penas hacia el menor.
La legislación sobre la infancia es caótica en todos los países que
conozco. El Derecho no sabe qué hacer con los niños. De hecho, no
figuran en la legislación, que sólo distingue entre menores y mayores de
edad. Legalmente, un adolescente de 17 años cumplidos, que puede
trabajar, casarse, reconocer hijos, tener armas de fuego, sigue siendo
un niño. La legislación se ha ido parcheando con diversas motivaciones y
tenemos el absurdo de que el Código Penal considera que una niña de 13
años tiene madurez suficiente para mantener relaciones sexuales con un
adulto, mientras otras normas no le reconocen madurez para beber una
cerveza hasta los 18.
Por José Antonio Marina
Publicado en El Mundo
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