La educación en el respeto a los demás, en el trato adecuado al resto de miembros de la comunidad educativa y en el ámbito personal, familiar y social, son objetivos esenciales de la acción formativa de los alumnos. No se puede hablar de verdadera educación si no se dedica una atención especial a cultivar el respeto en el aula. Como puso de manifiesto el “Informe Delors”, en los ámbitos escolares en los que no existe un adecuado clima de respeto mutuo, el cumplimiento del resto de objetivos (académicos) de la actividad educativa se ven seriamente afectados.
Sin embargo, a pesar de la contundencia y claridad de los principios recogidos en la Constitución o en la LODE, genera alarma social y desconcierto la reiterada aparición de casos de violencia familiar y escolar, fruto de múltiples factores de ámbito superior. Especialmente, esta situación contrasta con la aprobación por parte de todas las administraciones educativas y de los titulares de los centros, de decretos, órdenes, instrucciones, planes, reglamentos de régimen interior, normas de convivencia, protocolos frente al acoso, manuales de conducta, etc., en los que se aborda este tema desde una óptica jurídica, estableciendo el régimen normativo de aplicación que disuada o sancione dichos casos de violencia.
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