Podemos suponer que el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional
española reaccionó como casi todo el mundo a los atentados yihadistas
que el viernes se cobraron 66 vidas en tres continentes. Lo que no
podemos suponer es que el juez Andreu, que fue noticia la semana pasada
por su loable pretensión de utilizar el vigor de la ley española contra
el terrorismo internacional, hubiera reaccionado con similar
estupefacción hace exactamente 21 años cuando se estaba llevando a cabo
una de las grandes atrocidades del siglo XX, el genocidio de Ruanda.
Esto es curioso por dos motivos. Primero, porque en abril, mayo y
junio de 1994, cuando el juez Andreu ya era mayor de edad y estaba
capacitado para leer periódicos, la gente moría en Ruanda a un ritmo no
de 66, sino de 8.000 personas al día, liquidadas casi todas con un
sadismo que supera la imaginación del yihadista más psicópata. Segundo,
porque cabe pensar que el juez Andreu algo sabe de Ruanda, ya que en
2008 inició un proceso judicial contra 40 militares ruandeses
que él acusa, entre otros crímenes, de genocidio. El juez fue noticia
el lunes pasado a raíz de que uno de los 40, un general llamado Karenzi
Karake, fue detenido en Londres a petición suya para que compareciera
ante un tribunal español.
Por John Carlin
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