Hace ya un año, el 25 de septiembre de 2013, unas 250.000 personas amanecían siendo ciudadanas de la República Dominicana y terminaban el día sin saber qué nacionalidad les correspondía. En ese momento entraba en vigor la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en ese país que denegaba la nacionalidad a una mujer, Juliana Deguis, dominicana de nacimiento e hija de padres haitianos. Lo sorprendente es que, como ella, miles de personas de ascendencia haitiana pasaban en ese momento a convertirse en apátridas, ya que la sentencia se aplicaba con carácter retroactivo a todas las personas nacidas en el país de padres extranjeros desde 1929.
Por Corina Cora
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