La guerra que enfrenta en Brasil a grupos indigenistas y ecologistas contra el Gobierno de Dilma Rousseff por la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte, en el cauce del río Xingú, se recrudece. En una sentencia histórica, la Quinta Sala del Tribunal Federal de la Primera Región, con sede en Brasilia, ha decidido revocar la licencia de obra de la megapresa, proyectada para ser la tercera mayor del planeta, después de la china de las Tres Gargantas y la Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay.
El fallo, emitido días atrás, supone un duro golpe para la agenda desarrollista del Gobierno de Brasilia, cuya piedra angular es el denominado Plan de Aceleración Económica (PAC). El plan ha tropezado con un elemento que desde hace décadas es objeto de controversia en el debate político brasileño: los derechos de los indios y la protección de sus tierras ancestrales, plasmados en la Constitución.
El tribunal, que ha dado curso al varapalo promovido por la Fiscalía Federal, ha dictaminado que la empresa encargada de construir y administrar la planta, Norte Energía, no puede seguir adelante con la obra situada en un afluente del Amazonas.
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