Acuciado por la necesidad de hacer caja, el Gobierno ha decidido
abrir las puertas de casa al hijo pródigo, el que un día decidió
llevarse el dinero fuera de España o esconderlo bajo un colchón sin
pasar por el fisco. El perdón del Estado ha soliviantado al otro
hermano, al ciudadano que ha pagado sus impuestos sin rechistar. La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno
no es la primera que se aplica en España, ni tampoco en el mundo.
Decenas de países —desde Alemania hasta Argentina— han echado mano de
esa iniciativa para aflorar capitales opacos. Sin embargo, de la fórmula
que se emplee depende la efectividad y la equidad de la medida. Y estas
no siempre van de la mano.
La amnistía fiscal, publicada en el Boletín Oficial del Estado,
permite a los evasores regularizar con total confidencialidad su
situación a cambio de abonar al Gobierno el 10% de las cantidades
defraudadas, a la vez que las empresas podrán repatriar vía dividendos
los fondos que tengan en paraísos fiscales con un gravamen del 8%. La
norma, que trata de aflorar 25.000 millones de euros y que las empresas
repatríen otros 9.375 millones para recaudar 3.250 millones, libra de
penas de cárcel por delito tributario a quien admita haber defraudado.
Por Lluís Pellicer
Foto de Carlos Hernández
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