El anuncio ha sido realizado esta mañana de manera sorpresiva: el Gobierno rectificará parcialmente el Real Decreto introducido en abril de 2012 y permitirá el acceso de los inmigrantes irregulares a la atención primaria de salud. El lenguaje utilizado por el Ministro Alonso para justificar la medida ("cuestiones de salud pública"; "más práctico"; "no saturar las urgencias") recuerda más a un burócrata que a un líder político, pero eso ahora es lo de menos: con esta decisión, el Partido Popular rectifica en parte una legislación tan injusta como insensata, que nunca estuvo sustentada por los números y que rompe de facto la universalidad del derecho a la salud en nuestro país. Y lo hace a cambio de beneficios electorales no evidentes. Bravo.
No les sorprenderá, sin embargo, que, a medida que la noticia se ha ido extendiendo por las redes sociales, se multipliquen las respuestas de individuos y colectivos escépticos ante un caderazo de este tipo. Tienen buenas razones para levantar la ceja. Al fin y al cabo, el Ministro se ha referido únicamente a la atención primaria y no a la tarjeta sanitaria, lo que sugiere que la rectificación no alcanza un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, o podría excluir el acceso a medicamentos costosos pero esenciales para los pacientes. Tampoco permite abrir un historial y mantener un médico de referencia. Esto no es en absoluto irrelevante. Se consolida la idea de que una situación administrativa -y no el hecho mismo de formar parte de nuestra ciudadanía y nuestras comunidades- determina las obligaciones del Estado y las posibilidades de ver satisfechos los derechos fundamentales de un ser humano, no de un poseedor de pasaporte. Defender la exclusión sanitaria y llenarse la boca después contra los nacionalismos es sostener una idea y la contraria.
Por Gonzalo Fanjul
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