En su análisis sobre España, el Comité concluye que la situación no está conforme con lo recogido en el artículo 4 de la Carta de 1961, ya que “el salario mínimo de los trabajadores del sector privado no garantiza un nivel de vida digno”, algo que también es aplicable para “la plantilla contratada en la función pública”.
El análisis sostiene también que en España la jornada laboral puede exceder las 60 horas semanales en algunas categorías de trabajadores y denuncia que no se hayan establecido medidas compensatorias para todos los trabajadores expuestos al tratamiento de residuos de riesgo.
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