Organizaciones firmantes de este comunicado
Andalucía Acoge, PICUM (Plataform for International Cooperation for undocumented Migrants), CEAR (Comisión española de Ayuda al Refugiado) , Federación SOS Racismo, Asociación Voluntariado Claver, Pueblos Unidos, Servicio Jesuita de las Migraciones (SJM – España),APDH-A (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), Convivir sin racismo, Foro Galego de la inmigración, la Federación de Mujeres Progresistas y Karibu exigen una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas, un derecho fundamental que debe ser garantizado por las administraciones públicas. Por eso, no entienden el Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012, que deniega la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular (incluidas aquellas solicitantes de asilo que han sido rechazadas); y que sólo contemplan el acceso a la salud a través de servicios de urgencias, durante el embarazo, parto y posparto y a los menores de edad. Estas organizaciones creen que es una medida discriminatoria y que únicamente ayudará a extender un mensaje racista y excluyente.
Dichas entidades se suman a las iniciativas de comunidades autónomas y profesionales del sector sanitario que han decidido no aplicar esta nueva legislación y han decidido atender a todas las personas que soliciten atención médica. Un compromiso valiente que se ha visto apoyado por múltiples campañas de organizaciones sociales y profesionales sanitarios en contra de la reforma sanitaria y que han contado con un amplio respaldo social.
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